Compra de votos: una maldición

 

Durante el período de gobierno que terminó en 1978, trabajé un tiempo en el Palacio Nacional. No como empleada, sino traduciendo una revista internacional que publicaba un subsecretario de Estado sin cartera.

No era parte de sus funciones. De hecho, él no tenía funciones. Era un asunto privado, pero a los dos nos quedaba más cómodo trabajar juntos en su despacho, a dos puertas del despacho presidencial.

En una de ésas, el entonces presidente iba a salir de la ciudad. Había un movimiento en el área: un teniente asegurándose de que no faltara el Imperial de Guerlain para que el presidente se lavara las manos cada tanto mientras saludaba a la gente que hacía fila, bueno, todo lo que hacían cada vez.

Yo tenía cierta prisa en ver a mi contratista antes de que se fueran y abrí varias puertas buscándolo. Una de esas puertas era la del despacho de Bello Andino. Amablemente, me dijo que no había visto al subsecretario.

Los escasos segundos que duró ese episodio fueron suficientes para que yo alcanzara a ver una gaveta abierta, llena de papeletas de cinco pesos que estaban sacando y colocando en una caja de cartón. Y ya no recuerdo quién me explicó que era una costumbre boronear a los asistentes a las actividades del presidente, sobre todo cuando se acercaban las fechas de campañas electorales.

Esa práctica se ha desbordado de una manera asquerosa.

No sé qué piensa un candidato de sí mismo cuando llega a un puesto electivo con votos comprados con dinero robado (para no mencionar otros orígenes nada santos de dichos fondos). Hay que ser muy poca cosa en la vida.

Y la parte más sucia de esa práctica es que el gasto en compra de votos se retribuye con dinero del Estado, mediante un empleo que genere, sueldo aparte, un dinero para resarcir los supuestos gastos (no es poco lo que se embolsillan) y mucho más dinero para la próxima campaña.

En los tiempos de Balaguer, siempre se supo y él, no solamente no lo negó, sino que lo confirmó, los funcionarios recibían comisiones de los proveedores de insumos y servicios – siempre se habló de un 10%, la famosa ración del boa – pero el dinero del Estado era intocable y había que rendirle cuentas todas las noches.

En esos tiempos, el problema era otro: el compromiso que hizo Balaguer con los Estados Unidos para evitar el comunismo a como diera lugar, lo que se tradujo en persecuciones y muertes a manos del férreo aparato militar.

Del PLD para acá, esto del dinero del Estado ha cambiado drásticamente. Y el gobierno actual, el gobierno del cambio, que llegó como producto de una lucha titánica contra la corrupción impune, evidentemente perdió el control de sus funcionarios en cuanto al manejo de recursos.

No creo que haya habido ni habrá nada que supere el caso de Senasa, no solamente por los montos, sino por el impacto en la salud de la gente, no hablemos de los muertos, que nunca sabremos cuántos son.

El caso es que un día sí y el otro también explota una granada. Duele y avergüenza la justificación del robo: la vulgar compra de votos, el eufemismo de “gastos de campaña” (realmente un derroche) y, por supuesto, las tajadas que, cual merecidos premios, se hacen a sí mismos los que juran que se fajan, para darse una vida que ni saben disfrutar.

¡Ah! Y siempre un menudito aparte para asegurar la libertad. Si eso no es corrupción impune, no sé qué nombre le pondremos.

Nos dirigimos vertiginosamente hacia el subdesarrollo. ¿Llegaremos?