Inclusión social y desarrollo

                            

Trescientos empleados de la JCE fueron cancelados por recorte presupuestario, y dicen que esos trescientos empleados podrían ser militantes o simpatizantes de los ocho partidos que se aliaron en contra de la modificación constitucional que permitiría la reelección de Danilo. Me pregunto cuánto ganaba cada uno de esos ahora desempleados para que su cancelación represente un respiro para el presupuesto de una institución cuyos jueces, con toda seguridad sí reciben sueldos y beneficios marginales que valdría la pena revisar y hasta eliminar. El desempleo genera violencia, resentimiento. Pero no importa. Para eso está la voz desacreditadora de los jefes y el sólido respaldo de la acción de nuestra sin par policía.

Por otros motivos, en estos días he estado leyendo sobre el tema de la inclusión, como antónima de exclusión, principalmente en su aspecto socio-económico. Muchos países tan subdesarrollados como el nuestro han eliminado ministerios, secretarías, despachos, direcciones y otras instituciones tales como de la mujer, de la juventud, de la infancia y demás, y concentraron todo en un solo ministerio de desarrollo e inclusión social y económica, entre ellos El Salvador, Honduras, Perú y Ecuador.

Estos ministerios o secretarías abarcan también otras llamadas minorías que viven encerradas en círculos perversos de pobreza, tales como la diversidad sexual, la discapacidad intelectual, los adultos mayores, la limitación física, las religiones, los inmigrantes - en países donde es un tema, las etnias – que, lejos de ser parte de las – simplemente - personas que la integran, viven excluidas de los beneficios mínimos de la sociedad, principalmente de sus derechos civiles, léase educación, salud, trabajo.

Somos tan “especiales” que nos atrevemos a discriminar a todas esas personas considerándolas estorbos. No los aceptamos en nuestra convivencia diaria. Quizás podemos atribuirlo a nuestra falta de conocimientos, a nuestro terrible miedo a lo diferente, pero lo cierto es que no hacemos nada por modificar esa actitud, mucho menos reclamar a los poderes del Estado que abra las puertas de los derechos a este gran número de ciudadanos en mucho más desamparo que quienes tenemos la osadía de creernos normales.

La solidaridad es la base del progreso. No es esa caridad con la que acallamos nuestra conciencia. Todos los dominicanos que andan con la cartera llena de tarjetas, una para comprar una mínima parte de sus alimentos, otra para pagar una pequeña porción de su factura eléctrica, otra por mandar los hijos a la escuela, el bonogás, las que repartió Senasa durante la campaña de 2012 para servicios de salud y quién sabe cuántas más, cuya eliminación hace años que vienen recomendando los organismos internacionales de las áreas económica y financiera, lejos de haber progresado en la vida, al aceptar esas migajas que aseguran su sumisión y, especialmente, la muerte del espíritu de lucha, se han convertido en cómplices del sistema que nos aplasta.

La inclusión es vital para el proceso de desarrollo. Requiere de un cambio drástico en la mentalidad de toda la sociedad y, sobre todo, mucho trabajo y apoyo real de los poderes del Estado.